Por: CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSÍS
Director Ejecutivo de la FND

La recta final de 2018 ha supuesto para los gobernadores y para la Federación Nacional de Departamentos -como genuina representante de sus intereses- una serie de retos que han servido para consolidar la fortaleza institucional y administrativa de nuestras entidades territoriales y para defender los principios y valores que informan el proceso de descentralización.

 

Algunos de los desafíos más complejos han estado relacionados con procesos legislativos en los que, dentro de la dinámica propia de una democracia, nuestros mandatarios y la FND han sentado posiciones francas, aunque siempre abiertas al consenso, en materias sensibles.

Desde sus etapas preliminares hemos estado presentes, por ejemplo, en las discusiones sobre el proyecto bianual de regalías y sobre el proyecto de acto legislativo orientado a reestructurar el sistema general que sirve de marco para el manejo y distribución de recursos que, por voluntad de constituyente de 1991, pertenecen a las entidades territoriales.

En esos escenarios hemos abogado por redefinición de la figura de los OCAD, que a juicio de varios de los gobiernos departamentales han venido honrando una cierta tradición centralista que no siempre privilegia los proyectos más importantes para la vida de nuestras regiones.

Al mismo tiempo, hemos conseguido un primer acuerdo de voluntades con el Gobierno nacional para que la figura de obras por regalías, que inicialmente iba a ser impuesta a través de la ley de presupuesto, pueda ser usada discrecionalmente por los departamentos.

Cuando avanzaba en la redacción de estas líneas, estaba pendiente de que en el Congreso tuviese eco ese que denomino acuerdo de voluntades.

Un valioso aporte a la educación

Debo dar fe de que nuestros gobernadores han estado dispuestos a asumir los costos de importantes sacrificios fiscales para contribuir a resolver algunos de los grandes problemas nacionales. Prueba de ello es su decisión consensuada de aportar un billón de pesos, con cargo a sus regalías, como contribución más que significativa para buscarle una salida a la crisis que ha venido afectando a la educación superior pública.

Los departamentos y sus autoridades son reconocidos ahora como actores fundamentales dentro del proceso de recuperación presupuestal del sector y su interlocución es valorada tanto por el Gobierno Nacional como por los profesores y estudiantes que han promovido el paro y las protestas que preocupan a todos los colombianos.

No es fácil, créanme, desprenderse de recursos vitales, y menos cuando se venía convirtiendo en perniciosa la costumbre del Estado central de imponerles a las regiones la destinación de estos recursos.

La defensa de la estabilidad fiscal

Somos conscientes de esa cierta volatilidad que ha caracterizado el debate del proyecto de Ley de Financiamiento y por eso hemos estado particularmente atentos a cualquier iniciativa que pudiese afectar los ingresos fiscales de nuestros departamentos.

Lo hicimos desde el momento mismo en que la primera versión del proyecto aumentaba el IVA del 5 al 18 por ciento. Sabíamos bien que una fórmula como esa podría contribuir a fortalecer el recaudo nacional, pero al mismo tiempo impactar el regional por el efecto de la disminución de las ventas.

Ahora bien, en medio del trámite de la ley surgió de la DIAN la idea una comisión territorial para restructurar los impuestos territoriales. Como es apenas natural, los departamentos deben estar representados activamente en esa comisión porque una reestructuración racional puede ayudar a saldar deudas históricas de Estado para con las regiones.

También, como vigías de los intereses que debemos proteger, estuvimos alerta cuando algunos sectores dejaron deslizar la idea de aumentar los impuestos a los licores, fuente fiscal principalísima de nuestros recursos fiscales. Logramos que el Gobierno Nacional rechazara a tiempo esa idea porque un aumento en los precios pudiese haber tenido unas consecuencias contraproducentes.

A propósito de los precios a los precios de los licores, no puedo soslayar un avance muy importante: conseguir que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revisara la metodología aplicada al calculo del precio final al consumidor, ya que la actual ha producido graves perjuicios a los fiscos regionales. Antes de cierre del año, esperábamos que el Gobierno atendiera la justa exigencia de no diferir la aplicación de la nueva fórmula para 2019.

No puedo dejar de referirme otras iniciativas importantes en la agenda de cierre del período legislativo. Una es la ley de regiones, frente a la cual -como es apenas normal- ha habido posturas diferentes entre algunas entidades territoriales. Por ejemplo, los departamentos promotores de la RAP Caribe, encabezados por Atlántico, abogaban por que la iniciativa les permitiera consolidar esa administrativa -que ya cuenta con el visto bueno previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial- para hacer transito más adelante hacia una RET (Región Entidad Territorial.

Otros lo miraban con cautela fundamentalmente por razones de índole presupuestal. Pero lo fundamental ha sido que unos y otros están de acuerdo en la necesidad de un avance constructivo en el proceso de descentralización, como lo planteo a comienzos de este artículo.

Un rostro más social

De manera muy particular, me declaro orgulloso del rostro social que hoy configura el perfil del la Federación Nacional de Departamentos. Tenemos la consigna y el propósito objetivo de desatar procesos de solidaridad efectiva con las regiones que más sufren las consecuencias de imprevistos y desastres naturales.

En esa dirección construimos colectivamente el proyecto FND Social que se ha convertido en un efectivo canal de destinación de ayudas a las zonas más afectadas por las lluvias y desastres naturales. La solidaridad se traduce en el envío de carpas, alimentos, medicamentos y abrigo para comunidades marginadas que los necesitan con urgencia.

Para el año 2019 esperamos que nuestro proyecto crezca y esté al alcance de los 32 departamentos cuando sus necesidades así lo exijan. Aspiramos a que sea mucho más que un paliativo para las regiones donde las gobernaciones libran una batalla sin cuartel contra pobreza y la desigualdad.

Recientemente, suscribimos también un memorando de intención con Computadores para Educar. Se trata de una sinergia entre este programa del Ministerio de las TIC y la Federación para contribuir a una cruzada por cerrar la brecha digital que conspira contra la calidad de la educación que merecen miles de niños en todo el territorio nacional

. A manera de conclusión, hemos reconocido la necesidad de que la Federación siga fortaleciéndose en todos sus ámbitos de acción. Por eso hemos celebrado otros importantes convenios como uno también reciente, de carácter interinstitucional, con la Corporación Interuniversitaria de Servicio (CIS) en materia de asesoría, asistencia técnica, prestación de servicios especializados y apoyo a la gestión, consultoría y gerencia integral en pro del desarrollo de los departamentos. Todas estas razones, justifican con creces el título de este artículo. Como ven, tenemos razones para mirar con mayor optimismo el 2019.