REDUCIR HACINAMIENTO AL 10% , VALDRÍA MÁS DE $8 BILLONES

Escrito por Medios Electronicos
Categoría: Noticias FND Creado: Viernes, 06 Julio 2018 11:39

 

REDUCIR HACINAMIENTO AL 10% , VALDRÍA MÁS DE $8 BILLONES

 

Los recursos con los que cuentan las entidades territoriales para atender la situación en las cárceles bajo su responsabilidad son exiguos.

 

Bogotá D.C. – Julio 6 de 2018. Los 118.642 internos que hay en las cárceles del país deben acomodarse en espacios originalmente reservados para 79.236 reclusos, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El hacinamiento, que llega 49,7%, afecta por igual los derechos de presos que purgan condenas que los de aquellos que se encuentran en situación de sindicados y que hoy suman 36.755 personas.

De acuerdo con cifras oficiales, reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10% demandaría inversiones cercanas a los 8 billones de pesos, según cifras oficiales.

Los departamentos y municipios tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados a personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento que requieren un cumplimiento intramural. Allí el hacinamiento en algunos casos supera el 350%.

El martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les pidió a las entidades territoriales un mayor esfuerzo para enfrentar el problema y consideró que con el concurso de departamentos y municipios el hacinamiento podría llegar al uno (1)%. Sin embargo, el jefe del Estado no acompañó sus observaciones con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplan esa colosal misión.

La ausencia de una política que permita asegurar la financiación y ejecución de soluciones para la problemática carcelaria en las regiones ha sido un tema de debate entre los alcaldes y gobernadores con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, situación que se ha revisado en cumbres extraordinarias y mesas de trabajo, identificando las principales dificultades que los mandatarios tienen en los municipios y departamentos y generando propuestas para una solución articulada.

Actualmente, son 4 las fuentes de recursos de los departamentos para la atención de estos establecimientos: el Presupuesto General de la Nación, cuya asignación depende de la potestad del Gobierno Nacional, el SGR que está financiando todos los sectores y sus recursos son insuficientes, el SGP que representa tan sólo el 5% de la bolsa global con la cual *los municipios atienden por lo menos las 23 competencias contempladas en la Ley 715 de 2001 (p.ej infancia y adolescencia, atención a población víctima de la violencia y desplazado, desarrollo agropecuario, etc)*. y donde los departamentos tienen destinaciones específicas, y los recursos propios de los departamentos que son limitados y poco dinámicos.

El país enfrentará un reto fundamental en los próximos 4 años, y para hacerlo se requiere dar discusiones de fondo sobre la financiación no solo de la infraestructura del sistema, sino del funcionamiento del mismo, para que se pueda responder tanto a los requerimientos de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como garantizar que el sistema penal cumpla con el objetivo de mejorar el efecto de la justicia en la vida de los ciudadanos.

Lograr lo anterior requerirá esfuerzos por parte de las entidades territoriales, con fuentes ciertas de financiación, pero también mayor claridad y esfuerzos determinantes de parte del gobierno nacional para apalancar la construcción de infraestructuras y para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema penitenciario.