Con la consigna de encontrar soluciones a la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud pública, los gobernadores de los 32 departamentos y el presidente de la República se reunirán el próximo 1 en San Agustín, Huila.

Su encuentro se producirá en el marco de la Asamblea Nacional de Gobernadores, a la que asistirán también los ministros de Hacienda y de Salud y Protección, el Superintendente Nacional Salud y otros altos funcionarios de la administración.

Sus propuestas estarán centradas en la búsqueda de fórmulas viables para rescatar al sector de una crisis tiene entre sus elementos más visibles la desfinanciación de los servicios del “No PBS (Plan de Beneficios de Salud)”, cuya responsabilidad pesa hoy sobre los hombros de los departamentos y distritos.

Incluye también la difícil situación financiera y patrimonial de las 40 EPS que operan en el país. De hecho, 22 de las 27 que prestan sus servicios al régimen subsidiado presentan un patrimonio negativo que llega a los $3,4 billones y solo 5 no muestran cifras en rojo. La situación no es muy distinta en las 10 del régimen contributivo: 4 de ellas presentan patrimonios negativos por $1,1 billones.

Según las últimas estadísticas consolidadas, conocidas, correspondientes a 2017, las EPS del régimen contributivo reportaron cuentas por cobrar $4,98 billones correspondientes a gastos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. La deuda crece al ritmo de un taxímetro y no existe una fuente clara para financiarla, pues no es posible atenderla con los recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, ese año se produjeron pagos por $2,9 billones y quedó pendiente un crecido saldo de $2 billones.

Igualmente, las deudas de los territorios reportadas por las EPS sobrepasaron los $920.000 millones y un 66 por ciento de ella quedó concentrada en cuatro departamentos y tres distritos.

Hacia un nuevo sistema integrado

El médico Carlos Arango, especialista asesor de la Federación Nacional de Departamentos, precisa que los departamentos han venido financiando los servicios “No PBS (Plan de Beneficios en Salud)”, el cual corresponde a procedimientos y tecnología que no están cubiertos por los recursos que regularmente provee la seguridad social en salud (UPC) dentro del régimen subsidiado.

Así las cosas, de acuerdo con su explicación, las entidades territoriales soportan hoy día un gasto que se ha hecho insostenible debido a un crecimiento desproporcionado. Por ejemplo, en 2013 era de $400.000 millones y a junio de 2018 ya superaba los $2 billones.

La situación es particularmente crítica para los departamentos y para los distritos porque son ellos los responsables de gestionar el financiamiento del régimen subsidiado que cubre a 22,5 millones de pacientes.

Es por eso que los gobernadores, con el apoyo técnico de la Federación Nacional de Departamentos, le han propuesto al Gobierno Nacional que asuma la competencia del manejo del No PBS, de manera integrada. Esa propuesta, que sería incorporada a uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, tendría la ventaja que permitiría identificar a los pacientes que realmente requieren de esos servicios. Además, les pondría límite a los valores de los recobros y daría una garantía de sostenibilidad financiera al sistema.

Durante la cumbre del próximo 1 de febrero, el presidente de la República, el Ministro de Salud y los principales actores del sistema analizarán con los gobernadores alternativas para eliminar entonces los factores de riesgos generados por el NO PBS.

Adicionalmente, los gobernadores han venido perfeccionando otras propuestas que consideran fundamentales para resolver la crisis.

Abogan por una reforma al régimen subsidiado que incluiría, entre otros elementos, la creación de entidades regionales encargadas de administrar los recursos, en las que haya participación pública y privada. Esas entidades tendrían un gobierno colegiado, cuyos integrantes quedarían obligados a rendir cuentas públicamente.

De igual manera, buscan impulsar una renovación al modelo de aseguramiento en el régimen contributivo, a partir de un proceso de depuración de las EPS.

Los mandatarios están empeñados en la exploración de nuevas fuentes de recursos para la salud en los territorios, entre las que podrían estar la creación de impuestos ciertos productos nocivos para la salud, como el tabaco, y el fortalecimiento de las contribuciones parafiscales.

Otros puntos cruciales serán la reforma a los hospitales públicos, el desarrollo de talento humano en salud y el fortalecimiento institucional de las autoridades sanitarias territoriales.

Las propuestas que serán debatidas buscan incidir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.