Foto: FND
Escrito por: Carlos Camargo Assis

Bogotá, D.C. - Es hora de cambiar la historia, garantizando la vigencia de la Constitución en todo el territorio.

La muerte de los líderes sociales ha sacudido el comienzo de año en Colombia. Las trágicas noticias diarias sobre los atentados y asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, en diferentes zonas del país, se convirtieron en un llamado de urgencia a la acción del Estado y a la sociedad para detener esa grave situación que preocupa a la comunidad internacional y deteriora la confianza colectiva.

Colombia tiene una amarga experiencia de violación de derechos humanos, luego de más de 52 años de conflicto armado interno en el que diversos actores armados ilegales han luchado por copar los territorios, demoler la democracia, lucrarse del narcotráfico e imponer su ley, llenando de terror las comunidades. Las cifras que ha dejado esa larga noche de horror estremecen. Es la herencia maldita de un conflicto armado que se niega a desaparecer y se arropa en nuevas siglas.

Es hora de cambiar esa historia y construir una nueva realidad, fortaleciendo la democracia y garantizando la vigencia de la Constitución en todo el territorio. En 2018, según la Defensoría del Pueblo, 172 líderes sociales fueron asesinados. En 2019 van 15. Esa tragedia, que se ha ensañado en 11 departamentos, debe detenerse ya. El presidente Duque ha enfrentado con responsabilidad el problema. Ha combatido con firmeza las organizaciones criminales responsables de esos crímenes, y con el tiempo ha crecido el listado de delincuentes capturados, judicializados o dados de baja.

 

"Es urgente implementar una política integral de protección en los territorios. Una tarea monumental en un país asfixiado por la crisis fiscal"

En Apartadó, el Presidente firmó el ‘Pacto por la vida’, junto con el procurador Fernando Carrillo Flórez y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, teniendo como testigos a los líderes sociales y a la comunidad internacional. Y producto de ese documento, impulsó el Plan de Acción Oportuna (PAO), que coordina al Estado para enfrentar ese fenómeno.

La Procuraduría ha llamado la atención de las autoridades nacionales y territoriales para defender la vida. Es extensa la normativa que compromete al Estado para derrotar a los violentos y proteger a los líderes sociales. Los gobernadores y alcaldes han cumplido sus obligaciones en la medida de sus capacidades. Pero mientras sigan matando defensores de derechos humanos será evidente la incapacidad del Estado para garantizar la vida. La actuación del Estado va más allá de aumentar escoltas, celulares y chalecos blindados. Es urgente implementar una política integral de protección en los territorios. Una tarea monumental en un país asfixiado por la crisis fiscal, en donde hay una avalancha de solicitudes de protección en la UNP.

Para enfrentar este fenómeno no se necesitan más leyes ni más anuncios. Basta con la voluntad política de las autoridades para cumplir la normativa existente. Hay que derrotar la impunidad y garantizar justicia. Hay que copar los territorios abandonados por las Farc y combatir a fondo el narcotráfico. El país reclama mano dura de la Fuerza Pública contra los violentos. El Gobierno Nacional, con el acompañamiento de la comunidad internacional, implementa el PAO, reactivó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y responde a las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo. Pero falta mucho más. Colombia tiene que parar el taxímetro del horror en que se ha convertido el asesinato de sus líderes.

En El Carmen de Bolívar, con la hospitalidad del gobernador Dumek Turbay, la Procuraduría, la Defensoría y la Federación Nacional de Departamentos realizarán una mesa por la vida, que contará con la presencia de altos funcionarios de la nación, los 32 gobernadores del país, alcaldes, personeros y líderes sociales, para seguir avanzando en la construcción de una respuesta institucional a esta amenaza a la democracia. En esta lucha ni se comienza de cero ni hay tareas imposibles. De El Carmen de Bolívar tendrá que salir una ruta que se traduzca en acciones concretas, inmediatas y oportunas. Es hora de actuar. Los gobernadores le decimos sí a un pacto por la vida en las regiones.

* Director Ejecutivo de la FND

 

Publicado originalmente en :

Opinón, EL TIEMPO , 05 de febrero de 2019.