Liliana Caballero, procuradora delegada para la Función Pública, e Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, participaron en el ejercicio virtual de carácter pedagógico y académico moderado por el profesor Mauricio Rodríguez Tamayo.

Los dos representantes del Ministerio Público explicaron a los asistentes los alcances de las normas que regulan la contratación por vía de urgencia manifiesta, régimen que están empleándolos los gobiernos regionales para garantizar la seguridad alimentaria y la dotación de sus servicios de salud, principalmente.

También expusieron criterios orientadores a cerca de la Directiva 16 emitida por el Procurador General de la Nación el 22 de abril sobre el manejo de los recursos públicos bajo el actual estado de emergencia económica y social.

Igualmente, absolvieron las dudas de los asistentes sobre planeación, publicación en el SECOP de los actos administrativos relacionados con la contratación y sobre contratos de carácter verbal.

Los expertos recordaron a los mandatarios regionales y a sus funcionarios que los contratos de urgencia manifiesta tienen control de legalidad automática ante la justicia contenciosa administrativa.

Entre otras recomendaciones, expusieron que, en ausencia de estudios previos, debe existir como mínimo un análisis de costos y que debe haber trazabilidad de todas las decisiones adoptadas para la celebración del contrato.

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assís, agradeció a la Procuraduría su contribución para la apertura de este espacio pedagógico y logró que el Ministerio Público abriera una línea de consultas para atender las dudas e inquietudes de los funcionarios regionales.

 

 

En el encuentro virtual también estuvieron presentes directivos de la Federación Colombiana de Municipios y de la Asociación de Ciudades Capitales.