Juzgo como interesante una propuesta lanzada por el saliente presidente del Senado para que Colombia se transforme en un estado federal, aunque tengo claro que la descentralización y la autonomía de las regiones también son posibles dentro del modelo de república unitaria actual establecido por la Constitución.

Uno y otro, descentralización y autonomía, obedecen a un mandato perentorio impartido por el constituyente de 1991 que el país se ha venido cumpliendo de manera lenta pero progresiva. La Federación que hoy dirijo, que representa intereses de 32 departamentos, ha venido trabajando con el Gobierno y con el respaldo de los órganos del poder público para lograr las metas.

No podemos desconocer que se han producido avances como aquellos que se han materializado en la aprobación de la Ley de Regiones y en el perfilamiento de sus normas reglamentarias.

La Ley de Regiones formalizó la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), formas asociativas de desarrollo regional que más adelante darán paso a la Regiones Entidades Territoriales (RET), con lo cual se modificará sustancialmente el mapa de la descentralización y la autonomía regional.

Las RAP están impulsando ya el fortalecimiento institucional regional, proyectando un buen aprovechamiento de las economías de escala y nutriendo el principio de cooperación y no de competencia. Se trata de un modelo que permitirá a las regiones obtener recursos provenientes de operaciones de crédito público sujetas, claro está, a normas aplicables a entidades descentralizadas del orden territorial.

Son también una llave de acceso a la cofinanciación del Presupuesto General y abren un escenario ideal para sacar adelante proyectos de vocación regional ante fondos de cofinanciación.

Una de las principales claves para obtener los objetivos superiores de la descentralización y la autonomía radica en que las entidades territoriales tengan acceso a mayor volumen de recursos. Esos recursos deben ser concordantes con las competencias que el Estado les asigna a las administraciones regionales.

No hay riesgo, como lo advierten algunas voces, de desaparición de los departamentos más pobres, porque los nuevos esquemas de asociación permitirán que entidades con mayor capacidad jalonen a las que están más rezagadas en su desarrollo.

Confío en que la articulación de esfuerzos, en la dirección señalada, contará con el respaldo no solo del Gobierno, sino del Poder Legislativo a través de la adopción de reformas que sirvan para consolidar ese proyecto y para dar pleno cumplimiento a los mandatos de la Constitución.

El presidente Iván Duque es un hombre de regiones, que cree en el impuso a los departamentos y de los territorios. Un hombre que sabe que el progreso del país se surte como resultado de la sumatoria del progreso de los 32 departamentos. Su apoyo fue vital para el buen éxito de la Ley de Regiones y su convicción seguirá siendo determinante para la realización del ideal constitucional de la descentralización.

Está generada la coyuntura para abrir la discusión sobre temas fundamentales como la estructura tributaria territorial y para imprimirle dinámica al trabajo de la Comisión de Altos Estudios Tributarios. Un reciente estudio de nuestro equipo técnico encontró que por cada $100 que recibe el Estado por impuestos, $81 se quedan en la Nación, $14 en municipios y $6 en departamentos. Hay una oportunidad para corregir asimetrías.

En la agenda de coyuntura, según sus previsiones, debe incluir una revisión integral al Sistema General de Participaciones y una revisión y reglamentación al Sistema General de Regalías.

Es una cuestión de justicia porque desde la Constitución de 1991 los departamentos han demostrado que, a través de su gestión, contribuyen a la garantía de derechos en el territorio: acceso a salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

Si bien en las regiones confluyen territorios con características similares, los nuevos modelos asociativos servirán para reconocer particularidades sociales y culturales en los departamentos, con lo cual podremos garantizar que los proyectos y programas que se desarrollen promuevan el desarrollo local.