- Rechazamos la violencia en todas sus formas y la instrumentalización de la población civil, en especial de menores de edad, miembros de la misión médica y de grupos vulnerables. Los actores armados ilegales tienen que entender que la voluntad de paz se expresa con hechos de paz, no de guerra. Persistir en el uso indiscriminado de la violencia contra la población, la infraestructura y la institucionalidad, los aleja de la reconciliación que el país desea.
- Respaldamos la acción de la Fuerza Pública para hacer frente a los actores armados y organizaciones violentas que atormentan a las regiones. Todo nuestro respaldo para defender la democracia y para garantizar el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, y seguir construyendo la confianza en el control institucional del territorio.
- Queremos advertir que mientras el Gobierno Nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales y el entendimiento que tienen de las circunstancias y situaciones diferenciales de cada uno de los territorios, no habrá éxito en la implementación de la política de paz.
- Instamos a los mecanismos de verificación y monitoreo, a generar una medición urgente del impacto del cese al fuego. No puede ser que estemos en un escenario de incremento de la violencia y de las acciones criminales en los territorios y que ese tenga que ser el costo de la paz.
- Ratificamos nuestra voluntad de contribuir en todos los escenarios que el Gobierno Nacional disponga para el éxito del desarrollo de los procesos de negociación y diálogo en el marco de la política de paz.
Quimbaya (Quindío), 16 de marzo de 2023.