Por: Carlos Camargo Assis

El 28 de junio, cuando el Presidente de la República sancionó la nueva ley de regiones, se abrieron las compuertas a una nueva era en el proceso de descentralización y quedó allanado el camino para consolidar el enfoque regional que requiere el desarrollo del país.

La Ley 1962 de 2019 representa una conquista para los 32 departamentos y todas las entidades territoriales porque les ofrece nuevos instrumentos para potenciar su progreso y reorientar sus relaciones con la nación —hasta ahora sensibles y no pocas veces conflictivas— a partir de una redistribución de competencias.

Como herramienta clave para su aplicación y cumplimiento, es decir, para que la descentralización y la autonomía ordenadas por la Constitución trasciendan el ámbito del discurso, la ley y el Plan Nacional de Desarrollo crearon la Misión de Descentralización.

La entrada en vigor de la ley de regiones y las tareas que acometerá la Misión de Descentralización son temas que ameritan estudio, debate y análisis para hacer efectiva su aplicación 

La misión, que será conformada con criterios incluyentes y participativos, estará constituida durante los próximos seis meses y dispondrá de un plazo de 18 meses para llevar ante el Congreso de la República iniciativas constitucionales y legales a fin de generar los nuevos espacios para la relación nación-región y para regularla a través de instrumentos fundamentales como un nuevo código de régimen departamental y municipal.

La ley de regiones fortalecerá la figura de las regiones administrativas y de planificación (RAP), un modelo asociativo para el desarrollo regional que permitirá a los departamentos y también a las ciudades —que al ser incluidas en las RAP serán consideradas especiales— articular mejor su planeación e impulsar conjunta y estratégicamente sus proyectos de desarrollo.

Las entidades territoriales tendrán un mayor margen de maniobra para gestionar recursos de cofinanciación ante los distintos niveles de gobierno y para acceder a recursos de cooperación internacional. Quedan habilitadas, además, para promover alianzas público-privadas que busquen sacar adelante aquellos proyectos de mayor complejidad técnica y financiera.

Por lo demás, la ley aporta insumos sustanciales para el mejoramiento de la calidad de la gerencia pública en los territorios, en cuanto prevé un impulso especial a la investigación y producción de conocimiento.

Me correspondió acompañar el trámite de los proyectos, participar en la formulación de las propuestas técnicas canalizadas por los gobernadores a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y eso me permitió ser testigo privilegiado de los esfuerzos de las entidades territoriales por conseguir del Congreso y el Gobierno el compromiso de aplicar los mandatos derivados de los artículos 306 y 307 de la Constitución Política que luego de más de tres lustros reconoció la ‘mayoría de edad’ a las regiones.

La entrada en vigor de la ley de regiones y las tareas que acometerá la Misión de Descentralización son temas que ameritan estudio, debate y análisis para hacer efectiva su aplicación. Por eso, para el próximo 10 de julio, la FND está invitando a un foro internacional sobre descentralización y autonomía que deliberará en Barranquilla.

El debate, saludable y constructivo, tendrá allí los aportes de constituyentes de 1991, de las cabezas de los órganos de control, de representantes de las altas cortes, lo mismo que de miembros del alto gobierno y de los gobernadores, artífices del proceso.

Todos ellos nos ayudarán a responder interrogantes y cuestionamientos de este tenor: ¿cuál es el balance de aplicación del mandato del constituyente del 91? ¿Cuál es el futuro de la descentralización? ¿Cuáles han sido los efectos de la vocación centralista mostrada por varios de los últimos gobiernos?

El advenimiento de una nueva era en el proceso de descentralización es irreversible.

Carlos Camargo Assis
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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