En referencia a la divulgación que han hecho diferentes medios de comunicación sobre una invitación a descontinuar el apoyo en los avances de descentralización como lo son las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), queremos mencionar que estos procesos, como lo es la ya constituida RAP Caribe, son de consagración constitucional y legal. Así, es pertinente indicar que tienen como objetivo principal promover el desarrollo económico, social, la inversión y competitividad regional.

La recientemente promulgada Ley Regiones, que fue impulsada por los 32 gobernadores del país, otorga mecanismos para el fortalecimiento de las RAP. Lo anterior porque gracias a la iniciativa se les da la facultad de recibir recursos del Presupuesto General de la Nación sin quitarles a las entidades territoriales actualmente establecidas. Además, podrán presentar proyectos estratégicos regionales que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.La recientemente promulgada Ley Regiones, que fue impulsada por los 32 gobernadores del país, otorga mecanismos para el fortalecimiento de las RAP. Lo anterior porque gracias a la iniciativa se les da la facultad de recibir recursos del Presupuesto General de la Nación sin quitarles a las entidades territoriales actualmente establecidas. Además, podrán presentar proyectos estratégicos regionales que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La Ley de Regiones da los soportes para el fortalecimiento de la descentralización en el país, derecho que ha sido aclamado durante muchos años, en la lucha por gobernar desde lo local hacia lo nacional, solucionando los problemas de la población desde la realidad regional y no desde la apreciación de un funcionario de la capital del país.

Es por eso que desde la Federación Nacional de Departamentos hacemos un llamado a los candidatos actuales y futuros mandatarios del país para que continúen fortaleciendo la autonomía regional por medio de estos procesos de descentralización que se han venido consolidando. La descentralización no tiene reversa y es una deuda que tiene el Estado con los departamentos desde la constitución de 1991.

 

Carta