Por: Carlos Camargo Assis

Le asiste razón al investigador Daniel Castro, experto en el tema de cultivos ilícitos, cuando advierte que el contrabando ha ido cobrando una dimensión comparable con la de aquella economía de escala criminal que llevó al narcotráfico a convertirse en el cáncer que es hoy.

Sus previsiones fueron escuchadas por los asistentes al Foro “Encuentro por la Legalidad, todos contra el Contrabando”, que realizó la Federación Nacional de Departamentos (FND). En ese mismo escenario, el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa explicó que, como lo hizo en su momento el narcotráfico, el contrabando también ha permeado sectores de la administración pública, como lo prueba los 43 funcionarios capturados.
Este impacto en la economía regional refleja sus efectos. Por su causa, en 2017 los fiscos territoriales dejaron de recibir US$215 millones y en 2018 US$141 millones. El problema afecta a todos los departamentos, pero particularmente a los de frontera. La gobernadora encargada de Norte de Santander, Sonia Arango; y su secretario de Hacienda, Óscar Gerardino, tienen a mano cifras que demuestran que uno de cada cuatro cigarrillos consumidos es de origen ilegal.

No nos hemos quedado cruzados de brazo ante esta realidad. Desde la FND hemos construido sinergias con la Policía y con todas las entidades a las que les concierne el problema y hemos logrado que el Estado levante su guardia para hacerle frente al problema. El número de incautaciones físicas de licores y cigarrillos de contrabando, ha crecido exponencialmente y este año ha contribuido a que el volumen de mercancía ilegal que entra al país haya disminuido 37%.

Somos conscientes de que así como el narcotráfico requiere de un tratamiento integral, que pasa por la sustitución de cultivos, así también enfrentar el contrabando debe pasar por el desarrollo de un programa de reconversión laboral para las personas que se juegan su subsistencia en los mercados de la ilegalidad que lesionan los presupuestos de la salud, la educación y el deporte.

Ese un frente que une los esfuerzos de los 32 departamentos con los de todas las entidades a las que les concierne directamente el programa.
El programa de reconversión laboral está llamado a convertirse en ese necesario complemento social para las políticas de orden coercitivo. Si bien, como lo advierte el investigador Castro, las condenas impuestas por contrabando desde que entró en vigor la reforma penal que lo reprime son escasas, la Policía ya ha logrado desvertebrar 71 estructuras criminales y capturar a 532 involucrados en el delito.

Sería injusto hablar de riesgos de impunidad cuando 40% de los capturados se encuentran hoy en la cárcel, 30% está en detención domiciliaria y 30% tiene libertad provisional, aunque siguen vinculados procesalmente.
La dimensión social de esta lucha integral incluye entre sus líneas de acción la sustitución de cultivos ilícitos, la realización de foros -como los que estamos realizando en los departamentos de frontera- y la construcción de un laboratorio para promover, desde el flanco de la investigación, la plantación legal de tabaco.

A comienzos de año, los departamentos lograron la reactivación del Convenio con la Phillips Morris y la FND que los representa, concebido inicialmente para combatir el comercio ilegal de cigarrillos. Hoy, su enfoque tiene mayor trascendencia porque a mejorar la competitividad de los cultivos colombianos en el mercado internacional y a promover el desarrollo social en las regiones productoras de tabaco. Su impacto en el crecimiento económico será notorio.
Esta cruzada anti-contrabando es una de las banderas de una FND que este año celebra 25 años de una existencia puesta al servicio de las causas regionales.

 

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