Por: Carlos Camargo Assis

Es justo reconocer que los actuales gobernadores concluirán en diciembre sus mandatos con unos logros enormes en materias fundamentales como la descentralización, la autonomía territorial y la estabilidad fiscal. La aprobación de la Ley de Regiones, impulsada por ellos, significa un avance para la constitución de regiones fortalecidas en línea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque.

En equipo con el Gobierno Nacional y con la Federación Nacional de Departamentos los mandatarios que están en la recta final de su gestión hicieron aportes sustanciales al país, como la construcción de la Ley de Punto Fina (incorporada al PND), que contribuirá a subsanar las deudas en el sistema de salud.

En la antesala de su aprobación, el aumento de recursos destinados a Régimen Subsidiado para alcanzar la cobertura universal por parte de las entidades territoriales era significativo: pasaba de $771.000 en 2015, a casi $1,3 billones en 2018.

En materia de educación, los departamentos contribuyeron con $1 billón de pesos de recursos provenientes de regalías en el bienio 2019-2020 para financiar proyectos para el fortalecimiento de la educación superior, según lo acordado en el paro estudiantil de 2018.

Gracias a sus esfuerzos, los signos vitales de la economía regional son positivos, como pocas veces en la historia. De acuerdo con las Cuentas Departamentales del DANE, entre 2017 y 2018, veintitrés departamentos mostraron un crecimiento en su Producto Interno Bruto, y en dos disminuyó su caída. Esta cifra contrasta con la diferencia entre 2016 y 2017, cuando sólo se presentó un crecimiento del PIB en seis departamentos.

En materia fiscal, los departamentos han avanzado en estabilidad y mejoramiento en la gestión. Entre 2015 y 2017 mejoraron en el Índice de Desempeño Fiscal en 2 puntos en promedio, con avances destacados en la región Pacífico, Centro-Sur y Eje Cafetero.
Ahora bien, en la primera mitad de sus administraciones debieron afrontar un marcado proceso de “recentralización”.

Además, la falta de recursos siempre será un obstáculo para el cumplimiento de competencias de los departamentos. Si bien la reforma tributaria y la Ley de Licores de 2016 buscaron fortalecer los ingresos derivados del impuesto al consumo, hoy se han visto afectados por factores ajenos a la administración departamental como la disminución de precios de venta de cervezas nacionales.

A menudo me preguntan si ha mejorado la relación entre los gobiernos subnacionales y la administración central, en medio de las tensiones normales que siempre han caracterizado a las dinámicas de la administración pública. Debo decir que sí y que ello ha sido posible gracias a la apertura y al ánimo constructivo con el que ha actuado el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. El enfoque regional del PND es la principal evidencia de ello.

Por eso los nuevos gobernadores no solo van a encontrar grandes oportunidades en materia de proyectos de inversión. También tendrán la oportunidad de participar en escenarios dispuestos por el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de las entidades territoriales e inclusive para repensar el Estado colombiano.

La Misión de Descentralización es el escenario por excelencia donde se plantearán nuevas apuestas para avanzar en una autonomía territorial real que garantice un Estado fuerte y con presencia en el territorio desde todos sus niveles

Adicionalmente, escenarios como la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Territorial, la Comisión de Alto Nivel del Sistema General de Participaciones, y la reforma en curso del Sistema General de Regalías, que evalúan las fuentes de financiamiento más importantes de las entidades territoriales, son idóneos para visibilizar la necesidad de nuevos recursos para la asunción de competencias de una manera más eficiente y completa.

Dispondrán de nuevas herramientas para construir sinergias para su desarrollo regional. Podemos prever desde ya un auge de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP).

Entre las 16 funciones que les asigna la Ley 1962 de 2019, sancionada el 28 de junio por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, las RAP no solo desarrollarán proyectos conjuntos de gran calado, sino que podrán gestionar recursos de cofinanciación de los distintos niveles de gobierno y de cooperación internacional.

El desarrollo territorial tiene en el posconflicto un elemento transversal. Está creado ya el OCAD Paz que destina el 7% del total de las regalías para atender los proyectos de inversión hacia las zonas más afectadas por problemas de violencia.

Estos recursos son una de las fuentes más importantes para dar continuidad al proceso de paz y dar cumplimiento al Acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC. No obstante, es preciso advertir que las inversiones necesarias para la estabilización del posconflicto, al ser a largo plazo, requieren un músculo financiero con el que no cuentan hoy las entidades territoriales.

Ha sido y seguirá siendo vital para la economía de las regiones la lucha que, desde la Federación de Departamentos y con aliados tan importantes como la Policía Fiscal y Aduanera, hemos librado contra el contrabando con el propósito de aumentar los recursos destinados a la salud, la educación y el deporte.

Se trata de una misión que venido cobrando fuerza desde 2009, cuando la FND firmó un convenio con la tabacalera Philips Morris. Sus líneas de acción se inscriben en la cultura de la legalidad.

Para las regiones llega una nueva década con una bien fundada perspectiva de esperanza.

Carlos Camargo Assis
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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