Por: Prensa FND

Bogotá, abril 15 de 2021. Con el propósito de comprender el impacto de la normativa tributaria y aduanera, así como la incidencia del alza de los impuestos en el comportamiento del contrabando de cigarrillos, y así establecer lineamientos para una propuesta de reforma a la Ley Anticontrabando 1792 de 2015, la Federación Nacional de Departamentos (FND) presenta el ‘Estudio sobre el contrabando de cigarrillos desde una perspectiva tributaria’ realizado junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). 

Esta investigación académica y multidisciplinaria contó con la participación de los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social y Comercio Industria y Turismo, así como de la Fiscalía General de la Nación, la Dian, el Departamento Nacional de Planeación, la Policía Fiscal y Aduanera, los Secretarios de Hacienda de los departamentos, la industria tabacalera y la academia para su elaboración. 

Tras conocerse los resultados del estudio de la FND realizado por Invamer, que indican que el consumo de cigarrillos ilegales aumentó a 34%, cuatro puntos porcentuales más que lo registrado en 2019, es fundamental plantear una serie de recomendaciones de política pública y, en especial, de reforma a la Ley Anticontrabando, para fortalecer la lucha contra este flagelo y ser más eficientes en la judicialización del delito del contrabando y otros que se asocian a este, como el lavado de activos, la corrupción, el fraude procesal, la extorsión, y el narcotráfico. 

“Las organizaciones delincuenciales dedicadas al contrabando de cigarrillos han visto incrementar su margen de ganancias a la par que se han incrementado de manera abrupta los impuestos al consumo de estos productos. Hoy en día, funcionan como una industria casi formal y cuentan con márgenes de ganancia superiores a los 3 mil pesos por cajetilla”, afirma Didier Tavera Amado, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. 

A pesar del esfuerzo que se ha hecho, la aplicación de la Ley Anticontrabando parece no impedir la existencia de un mercado ilegal de cigarrillos, pues sirve más como un instrumento reactivo de las autoridades cuando el fenómeno ya existe. Si bien en más de 195 países se ha establecido un impuesto al consumo de cigarrillos, en Colombia, el incremento de los impuestos a los cigarrillos tiene como consecuencia el aumento de los flujos de contrabando de los mismos, debido a una multiplicidad de factores propios del contexto del país, tales como el poder adquisitivo, las mafias y la criminalidad. 

Aún con estas cargas tributarias, los datos del estudio de la FND desarrollado por Invamer evidencian una relación estrecha y positiva entre estas medidas y el incremento de los cigarrillos de origen ilegal, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de las personas que los consumen. Es importante destacar que los consumidores en Colombia se adaptan o actúan de forma especial, según sus contextos, características sociodemográficas y según ideas preconcebidas o compartidas. Por esto, para el Programa Anticontrabando de la FND resulta trascendental realizar actividades de carácter pedagógico para que la ciudadanía sea promotora de la legalidad en los municipios y 

departamentos de todo el país, pues ante la situación de crisis, el contrabando se ha convertido en una llamativa fuente de ingresos, arraigando aún más este delito en la cultura. 

Asimismo, los hallazgos del estudio realizado por el Instituto de Ciencia Política evidencian que es importante el fortalecimiento de la operación y el control de las zonas de régimen especial aduanero, así como de todas las figuras que dan celeridad a la operación aduanera, tales como las agencias aduaneras, OEA, ALTEX y zonas francas. De igual manera, urge la aplicación de tecnologías. Colombia es el segundo país en el mundo con zonas francas, 102 en total, por lo cual es necesario fortalecer las medidas preventivas y de control para evitar el mayor número de omisiones. 

“Es importante establecer medidas que involucren la promoción del mercado legal, la creación de garantías para que la ciudadanía denuncie el delito, la revisión del principio de oportunidad, el refuerzo del control territorial en las zonas de frontera y a las zonas del régimen especial aduanero, así como el desarrollo de sistemas de seguimiento a la localización de mercancías, en línea con la creación del Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo - SIANCO- del Decreto 2106 de 2019, que tiene a cargo la FND, y el ajuste y actualización de las tablas de valoración de mercancías decomisadas. El contrabando y otros delitos que se asocian a este, como el lavado de activos, no pueden ser considerados delitos menores, pues se constituyen como delitos contra el orden económico y social”, puntualiza Tavera. 

Tras el análisis realizado, sumado a la efectividad en la aplicación de la Ley, se identificó la poca presencia y la falta de “mano dura” en las zonas fronterizas, francas y aduaneras, la ausencia de control en las zonas de régimen aduanero especial (Maicao, Uribia y Manaure), la ausencia de un seguimiento eficaz de la localización de las mercancías. 

De esta forma, la Federación Nacional de Departamentos, junto a todos los actores involucrados en la lucha anticontrabando, especialmente la DIAN, la POLFA y los departamentos, ratifica su compromiso con el país y continúa un trabajo disciplinado para presentar un documento de reforma, que contenga una propuesta de Reforma Legislativa a la Ley Anticontrabando 1762 de 2015, que busca una norma más simple y fácil de aplicar, y que sin duda, contribuya de forma contundente en la lucha contra este flagelo en el país. 

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Karen Vanegas – Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. - 314 290 2883