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Gobernadores exigen garantías, rechazan la desinformación y piden ampliar veeduría internacional para la segunda vuelta

Bogotá D.C., 2 de junio de 2026. Al término de la reunión extraordinaria de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los Gobernadores presentes emitieron un pronunciamiento unánime y contundente enfocado en blindar el proceso democrático de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En primer lugar, los mandatarios regionales reconocieron el trabajo de la Registraduría Nacional y la Fuerza Pública por el balance de la jornada del pasado 31 de mayo, en la que nuestro país dio ejemplo de confianza en las instituciones y se expresó legítimamente frente al proceso electoral.

Igualmente fijaron algunas posturas:

1. Ampliación de la veeduría internacional

Los Gobernadores elevaron una solicitud formal para extender y robustecer el acompañamiento de las misiones de observación internacional. Para las regiones, la presencia de veedores extranjeros es una garantía adicional que blinda la transparencia del escrutinio y genera tranquilidad en todos los sectores políticos.

2. Votar en paz es un derecho: sin coerción ni miedo

Colombia debe votar en paz, libre de violencias y con un respeto profundo a la voluntad ciudadana para elegir al candidato de sus preferencias. El Estado de Derecho se sostiene sobre la libertad del elector, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para trabajar articuladamente y garantizar que el próximo 21 de junio los ciudadanos acudan a las urnas con plenas garantías de seguridad. Lo anterior en virtud de las denuncias que realizaron algunos gobernadores frente a constreñimiento al elector que se está presentando en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta.

3. Un freno en seco a la desinformación y ejemplo de los líderes

Asimismo, los gobernadores enviaron un mensaje directo a los líderes políticos, servidores públicos y líderes de opinión: Colombia merece que quienes lideran las instituciones den ejemplo absoluto de respeto por la institucionalidad. Quienes conducen al país deben actuar con mesura y responsabilidad, protegiendo el sistema electoral y evitando acciones y comentarios desmedidos e irresponsables que inciten a la violencia.

El ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución Política como en las Leyes tiene definido plenamente quiénes son los competentes en materia electoral y, por tanto, en ningún caso, el ejecutivo nacional puede suplantar dichas funciones.

Finalmente, reclaman que el gobierno entrante garantice una articulación real y descentralizada con las regiones, advirtiendo que el desarrollo del país y la superación de las crisis sociales dependen de un trabajo conjunto y sin exclusiones, entre el nivel central y los territorios.

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