Por: Carlos Camargo Assis
Este panorama sugiere que la institucionalidad sí puede atender exigencias racionales y razonables formuladas a través de canales distintos a los de la violencia.
Estamos de acuerdo en que la protesta social es un derecho democrático que debe ser protegido por el Estado. Su ejercicio, cuando es ordenado y pacífico, lejos de perder contundencia, representa un indicador para medir la inconformidad social y puede incluso convertirse en un estímulo para la construcción de consensos, aun en medio de un ambiente de marcada polarización.
